Por José Vicente
Calderón R
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| José V. Calderón. |
Santo Domingo Oeste.- En
las sociedades democráticas, donde el Estado es garante de lo correcto e
institucional, el escrutinio del uso de fondos públicos es algo tan normal,
como lo es para nosotros los dominicanos, el
tomarnos un cafecito caliente en
las mañanas.
Existen
normas prudenciales, parámetros, conciencia ciudadana y comportamiento ético y
cívico de los funcionarios públicos, conscientes de que si no transitan “por la línea”, si
traicionan la confianza del Ejecutivo que los designa, no hay otro camino que
purgar las penas establecidas por las
leyes, en castigo por las malas prácticas.
Pero
jamás esas normas y valores van atados a que los que ejercen funciones públicas
cedan a la extorsión, el chantaje y el tráfico de influencias a favor de quienes deben fiscalizar sus actuaciones.
En
nuestro País existen para llevar los controles y fiscalización de la función
pública, la Contraloría General de la República
y la Cámara de Cuentas. En el caso de la Contraloría, se sabe que en la casi
totalidad de las instituciones que manejan fondos públicos hay auditores que
velan por el cumplimiento de las normas procedimentales establecidas por las
leyes para el uso de los recursos del erario.
Podrán
existir quejas por la rigidez con que en ocasiones actúan esos auditores, ya
que la unanimidad y el consenso son muy difíciles entre humanos, pero las
opiniones generalizadas sobre el trabajo de esos servidores públicos es que trabajan
por el librito, a veces son muy estrictos, pero cumplen con su deber en defensa del interés público.
De
la Cámara de Cuentas, ahora se conoce la existencia de un equipo de auditores
al que ya mucha gente identifica como ‘El Escuadrón de la Muerte’, porque se
les envía a escudriñar con saña, bellaquería y mala fe, a entidades donde hay
funcionarios que no ceden a presiones ni chantajes para satisfacer tráfico de
influencias y petulantes peticiones indecorosas, indecentes, indignas en
procura de favores repugnantes y que violentan las más elementales normas
éticas del ejercicio público.
Mas
que una Cámara de Cuentas, en el edificio que el pueblo bautizo con el nombre
de ‘El Huacalito’, lo que existe es una especie de pretendida ‘Cámara de Gas’,
instrumento funesto, de triste recordación para la humanidad y la sociedad
democrática.
El
pueblo dominicano debe conocer que en nombre de la pulcritud y la
honorabilidad, hay en estructuras del Estado como esa, falsos apóstoles de la
lucha contra la corrupción y el peculado. Que se han incrustado en esas instituciones, con estrategias planificadas
para servirse con la cuchara grande, en beneficio de interese particulares y/o familiares que dan más que nauseas a quienes creemos en el
trabajo honesto y ético de la función pública y en un ejercicio de ciudadanía responsable.
Es
tiempo ya de desenmascarar a farsantes
que “se venden” cómo ejemplo para los demás, pero su mal proceder es casi-casi
patológico y genético. Ahí está la
historia contemporánea de nuestro país, que los pone al desnudo.
José Vicente Calderón R,
periodista.
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