Por La Redacción
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| La madre de la menor, Miosoti Fernández. |
San
Cristóbal.- En el mes de abril del
2013, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San
Cristóbal conoció una medida de coerción al imputado Sr. Eliseo Infante, el
cual estaba siendo acusado de violar a su hija, desde la edad de 6 años de
edad.
Este hecho se descubrió luego de varios
años, pues la menor al ver que su padre, recientemente, intento violarla nueva vez dio
la alarma a su madre, la cual procedió a hacer la denuncia formal ante la
Policía Nacional, específicamente, ante el cuartel de la 17ma. Compañía de San
Cristóbal.
Después de la denuncia, la menor
fue vista por la médico legista, la cual
estableció que la menor tiene el
himen desflorado antiguo, laceración - 7 del reloj.
Tras ser observada por la médico legista
de San Cristóbal, la madre de dicha menor, la
Sra. Miosoti Fernández, pone la denuncia por ante la Fiscalía de
Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de San Cristóbal, los cuales solicitan
orden de arresto ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal en
contra del Sr. Eliseo Infante.
Dicha orden de arresto marcada con el número
864/2013 es emitida el 2 de abril del 2013 por el juez Nelson Cuevas Ruiz,
dándole cumplimiento días después a
dicha orden de arresto y solicitándole la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar
una medida de coerción.
En dicha medida de coerción, la cual se
conoció el 8 de abril del 2013, estaba
la madre de la menor, Sra. Miosoti Fernández, en calidad de víctima querellante
y actor civil, la cual dio sus
declaraciones y le manifestó, a viva voz,
al Juez de Atención Permanente, Dr. Nelson Cuevas Ruiz, que el Sr.
Eliseo Infante, viola a su hija desde que la menor tenía 6 años de edad.
La parte
querellante, por vía de su abogado
constituido el Dr. Manuel Doñé, el cual hizo valer el certificado médico, las declaraciones
de la menor, la denuncia, la orden de arresto en contra del imputado, Eliseo
Infante; así como un estudio psicológico a la menor, fueron los medios en que
tanto el abogado de la parte querellante y el Ministerio Público, Lic. Francis
Valdez, tuvieron para solicitar como
medida de coerción (prisión preventiva).
De su lado, la parte de la defensa del imputado, Eliseo Infante,
argumentó que eso era una trama y mentira para que la madre se quedara con la
niña, ya que esta vivía con el padre durante un tiempo y luego con la
abuela materna, pues su madre se había ido al exterior a trabajar.
Hay que precisar que la defensa no
depositó ningún presupuesto para sustentar la solicitud de libertad mediante
una garantía económica.
Después de escenificarse estos debates,
el juez dio su fallo, el cual dejó sorprendido a todos los presentes en esa
sala, al otorgarle una garantía económica al
Sr. Eliseo Infante por un monto de 200 mil pesos, pagaderos a
través de una compañía de seguros, más
la obligación de presentarse cada 15 días por ante el fiscal que lleva la
investigación.
Esta resolución de atención permanente,
marcada con el núm. 0595-2013, fue apelada por la parte querellante y la cual
será conocida por la Corte Penal de San
Cristóbal en este mes de julio, pues estaba para el día 8 de julio.
Se citó al imputado en la dirección que
el dio en la medida de coerción (falsa), en donde el alguacil establece que esa dirección no
existe, razón por la que se procedió a notificar en domicilio desconocido,
que al ser imposible encontrarlo, este
no compareció a dicha audiencia.
Que
ante esa situación la parte apelante (la víctima y querellante),
pues la Fiscalía dejó sola a la parte acusadora y no apeló la decisión
del Juez de Atención Permanente, que le otorgaba una garantía económica de 200
mil pesos, pagaderos a través de una compañía de seguros al imputado, Eliseo
Infante.
El Procurador de la Corte de Apelación, Dr. Paulino Zapata, se opuso a la solicitud de la defensa, de
rebeldía, y en su lugar solicitó que sea suspendida dicha audiencia a los fines
de garantizarle los derechos al imputado, el cual dio una dirección falsa.
La señora Miosoti Fernández espera que
la Corte de Apelación de San Cristóbal aplique derecho y revoque la resolución
apelada, pues de lo contrario estaría mandando un claro mensaje a todos
aquellos que violan menores, de que no
importa lo que ellos hagan, pues disfrutarían de estar en libertad.
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