Madre de Pueblo Chico espera que Corte Penal de San Cristóbal haga justicia en caso de su hija, violada por su padre

Por La Redacción

La madre de la menor, Miosoti Fernández.

San Cristóbal.- En el mes  de abril del  2013, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal conoció una medida de coerción al imputado Sr. Eliseo Infante, el cual estaba siendo acusado de violar a su hija, desde la edad de 6 años de edad.

Este hecho se descubrió luego de varios años, pues la menor al ver  que su padre,  recientemente, intento violarla nueva vez dio la alarma a su madre, la cual procedió a hacer la denuncia formal ante la Policía Nacional, específicamente, ante el cuartel de la 17ma. Compañía de San Cristóbal.

Después de la denuncia, la menor fue  vista por la médico legista, la cual estableció que la menor tiene el himen desflorado antiguo, laceración - 7 del reloj.

Tras ser observada por la médico legista de San Cristóbal, la madre de dicha menor, la  Sra. Miosoti Fernández, pone la denuncia por ante la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de San Cristóbal, los cuales solicitan orden de arresto ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal en contra del Sr. Eliseo Infante.

Dicha orden de arresto marcada con el número 864/2013 es emitida el 2 de abril del 2013 por el juez Nelson Cuevas Ruiz, dándole cumplimiento días  después a dicha orden de arresto y solicitándole la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar una medida de coerción.

En dicha medida de coerción, la cual se conoció el 8 de abril del 2013,  estaba la madre de la menor, Sra. Miosoti Fernández, en calidad de víctima querellante y actor civil, la cual  dio sus declaraciones y le manifestó, a viva voz,  al Juez de Atención Permanente, Dr. Nelson Cuevas Ruiz, que el Sr. Eliseo Infante, viola a su hija desde que la menor tenía 6 años de edad. 

La parte  querellante,  por vía de su abogado constituido el Dr. Manuel Doñé, el cual hizo valer el certificado médico, las declaraciones de la menor, la denuncia, la orden de arresto en contra del imputado, Eliseo Infante; así como un estudio psicológico a la menor, fueron los medios en que tanto el abogado de la parte querellante y el Ministerio Público, Lic. Francis Valdez, tuvieron para solicitar  como medida de coerción (prisión preventiva).

De su lado, la parte  de la defensa del imputado, Eliseo Infante, argumentó que eso era una trama y mentira para que la madre se quedara con la niña,  ya que esta vivía  con el padre durante un tiempo y luego con la abuela materna, pues su madre se había ido al exterior a trabajar.

Hay que precisar que la defensa no depositó ningún presupuesto para sustentar la solicitud de libertad mediante una garantía económica.

Después de escenificarse estos debates, el juez dio su fallo, el cual dejó sorprendido a todos los presentes en esa sala, al otorgarle una garantía económica al  Sr. Eliseo Infante por un monto de 200 mil pesos, pagaderos a través  de una compañía de seguros, más la obligación de presentarse cada 15 días por ante el fiscal que lleva la investigación.

Esta resolución de atención permanente, marcada con el núm. 0595-2013, fue apelada por la parte querellante y la cual será conocida  por la Corte Penal de San Cristóbal en este mes de julio, pues estaba para el día 8 de julio.

Se citó al imputado en la dirección que el dio en la medida de coerción (falsa), en donde  el alguacil establece que esa dirección no existe, razón por la que se procedió a notificar en domicilio desconocido, que  al ser imposible encontrarlo, este no compareció a  dicha audiencia.

Que  ante esa situación la parte apelante (la víctima y querellante), pues  la Fiscalía dejó sola  a la parte acusadora y no apeló la decisión del Juez de Atención Permanente, que le otorgaba una garantía económica de 200 mil pesos, pagaderos a través de una compañía de seguros al imputado, Eliseo Infante.

El Procurador de la Corte  de Apelación, Dr. Paulino Zapata, se  opuso a la solicitud de la defensa, de rebeldía, y en su lugar solicitó que sea suspendida dicha audiencia a los fines de garantizarle los derechos al imputado, el cual dio una dirección falsa.

La señora Miosoti Fernández espera que la Corte de Apelación de San Cristóbal aplique derecho y revoque la resolución apelada, pues de lo contrario estaría mandando un claro mensaje a todos aquellos que violan menores, de  que no importa lo que ellos hagan, pues disfrutarían de estar en libertad.