Santo Domingo.- Recostada
en uno de los edificios próximos al Palacio de Justicia del Distrito Nacional
lloraba, con una mano en la boca, la madre de la adolescente de la cual habrían
abusado dos oficiales de la Policía Nacional contra los cuales se dictó tres
meses de prisión preventiva.
Usando
unos jean y suéter manga larga, la mujer que le dijo a la Fiscalía del Distrito
Nacional que su hija no debió denunciar al general José Acosta Castellanos,
caminó rápidamente hacia una yipeta azul estacionada cerca de la Fiscalía
cuando se dio cuenta que reporteros se le estaban acercando.
Con
el apoyo de un joven y otras personas que estaban cerca de ella, la señora,
cuyos datos se omiten por razones legales, dijo: “No tengo nada” e
inmediatamente se metió al vehículo y cerró de un golpe la puerta.
Antes
de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José
Alejandro Vargas, le dictara tres meses de prisión preventiva a Acosta
Castellanos y al coronel Ángel Bautista Piña, a ser cumplidos en Operaciones
Especiales, uno de los agentes de seguridad del Palacio de Justicia tuvo que
salir a buscar a la madre de la adolescente, quien aparentemente no quería
ingresar a la audiencia en la que se conocería la solicitud de medida de
coerción hecha por la Fiscalía.
“Vino
hasta aquí supuestamente a denunciar al general Acosta Castellanos, yo le dije
a ella que no tenía que hacer eso, no sé por qué exactamente, fue una orden de
alejamiento, pues no me dijo nada más”, respondió la madre de la adolescente a
quien el oficial conoció cuando tenía 15 años durante la entrevista que le
realizó el Ministerio Público.
Según
la progenitora de la menor de edad que habría estado embarazada del oficial y
que abortó en dos ocasiones, el coronel Bautista Piña, quien aparece en un
vídeo que circula en las redes sociales sosteniendo relaciones sexuales con
adolescente, tiene loca a su hija.
“No
lo denuncié. Él la tiene loca a ella. Él no fue sancionado en la Policía
Nacional por el vídeo, él fue sancionado por los tatuajes”, detalló cuando se
le preguntó si había accionado contra el coronel por el vídeo.
Tras
relatar un episodio en donde presuntamente el coronel utilizó a su hija para
chantajear a una persona que estaba presa en el Centro de Coerción y
Rehabilitación Rafey, razón por la que el general lo habría trasladado a Santo
Domingo, la señora describió que Bautista Piña le dijo a la menor de edad que
su madre lo sometía a la Justicia por el vídeo, entonces tendría que hacer lo
mismo con el general porque él fue su novio primero.
Acuerdo del general con la familia.-
La
madre de la adolescente dijo que volvió a ver al general Acosta Castellanos,
quien estaba en Santiago porque dirigía el Comando Regional Cibao Central,
cuando vino a la capital a realizar un acuerdo. Al cuestionarle sobre en qué
consistía el acuerdo esta detalló:
“Pasa
lo del vídeo y ella quiso seguir con la relación con el general Acosta
Castellanos, ya que ella no iba a Santiago pero seguían en contacto, pero
entonces había una foto de ellos dos donde ella lo chantajeaba y una
conversación”.
Continuó
diciendo la mujer: “Luego de eso él me escribió para decirme que mi hija lo
estaba chantajeando con las fotos. Entonces yo busqué un abogado, ya que el
general me dijo que la ayudaba en lo que sea pero que él quería que borrara las
fotos”.
“Ahí
hicimos un acuerdo firmado por el abogado. Fuimos todos, frente al abogado,
pues el general nos dio un televisor, una nevera y una cama. El general nunca
ha querido hacerle daño a mi hija, no sé por qué ella quiere someterlo”, relató
a la Fiscalía.
El general habría hecho abortar en
dos ocasiones a la adolescente.-
En
la misma solicitud se describe que durante la “relación” que la joven mantuvo
con el general Acosta Castellanos “esta quedó embarazada en dos ocasiones, una
en el año 2017 y la otra en el 2018, en ambas ocasiones el imputado José
Alejandro Antonio Acosta Castellanos le dijo que ella no podía tener bebé, que
se hiciera un aborto”. Seguidamente informa que “para esto, en la última
ocasión le mandó trece mil pesos (RD$13,000) y le compró las pastillas
abortivas”, dijo el Ministerio Público.
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