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Por Pedro Casado Jacobo
 |
| Claribel Nivar. |
Santo
Domingo Oeste.- Hemos
visto recientemente como
jueces de gran valía han optado por abandonar el sagrado ejercicio de
administrar o impartir justicia,
creíamos que esta
situación obedecía al
interés supremo de aspirar
a un bienestar mejor y dejar los
avatares y problemas derivados de la difícil
tarea de impartir justicia.
Recientemente he podido observar y analizar diferentes opiniones de jueces amigos, los cuales
me han ayudado a esclarecer ciertos puntos que
al parecer son determinantes para
que un juez tome
la difícil decisión de abandonar
los años trabajados en el poder judicial
y optar por irse al servicio privado.
La
realidad es que ninguno
de los jueces
que han salido o saldrán del poder
judicial lo haría por ambición
o interés económico, la verdad
clara y meridiana es que se llega
a esa
difícil decisión al ver que a
los jueces los desamparan en la difícil
tarea de
impartir justicia.
¿En qué
consiste ese desamparo? Es muy
sencillo, cuando un juez imparte
justicia, y más en el ámbito
penal, se gana muchos enemigos pues mayormente o condena
enviando a la cárcel o
descarga a personas
por no haber
suficientes pruebas.
Esta
situación genera inconformidades
en muchos usuarios de la justicia, lo cual se
convierte en odio y resentimiento
contra el juez que impuso una sentencia.
El Estado es el garante
de la seguridad personal, así como
del entorno de todos
aquellos funcionarios que tienen la difícil tarea de impartir justicia,
pero cuando el Estado dominicano,
por cualquier razón, desampara o desprotege a dicho
funcionario (Juez o Fiscal ),
entonces se genera una situación de inseguridad y de temor en dicho funcionario
judicial.
Esa
situación es lo que muchos jueces
han venido padeciendo calladamente,
desde hace unos meses, situación
esta que se evidencia claramente con el caso de la magistrada Claribel Nivar,
la juez que ha tenido el coraje de conocer el caso de Figueroa Agosto, la misma
juez que le mataron a su hermano y que
le violaron a su trabajadora, y que, por
razones de seguridad, cuando esto sucede el Estado Dominicano, por vía de
la Procuraduría General de la República, le
asigna un apartamento de los
incautados por el mismo caso, para
que viva ahí provisionalmente con
sus hijos (menores de edad).
Hoy tiempo después de
haberse conocido el caso de Figueroa Agosto y haber sido enviado a juicio por la magistrada
juez Claribel Nivar, la Procuraduría General
de la República, la misma que
cuando se temía por su
vida y que para garantizar que el
caso que esa juez estaba conociendo fuera conocido le protegió asignándole una escolta mayor, y sacándola
de su casa donde
vivía tranquilamente hasta que se produjeron situaciones que atentaron contra la integridad física de dicha
juez.
Hoy
la Procuraduría General de la República, dirigida por el
Dr. Domínguez Brito, desea desconsiderar y echar de
dicho apartamento.
¡Cuánta consideración ha tenido la
Procuraduría General de la República!, que desea echar de
dicho apartamento a la magistrada juez
Claribel Nivar, sin ningún tipo de contemplaciones, otorgándole un plazo
no mayor de 10 días, los cuales vencen
el viernes 19 de abril próximo a las 12
del medio día.
¡Qué bello es tratar así a
los funcionarios judiciales
que han expuesto su vida y la de
su familia en aras de impartir justicia!
Esta
inseguridad es la que
ha motivado a que jueces hayan decidido renunciar del poder judicial, jueces brillantes y honestos, en lo que el Estado Dominicano ha invertido en
su larga preparación, y que al verse
estos funcionarios desprotegidos han optado por
renunciar del Poder Judicial.
Creo, firmemente, que el magistrado Domínguez Brito debe de tener
cuidado al exigirle a dicha juez
que abandone ese apartamento en un plazo
no mayor de 10 días.
Muchos
sectores podrían interpretar que el Poder Ejecutivo, por vía
de dicho magistrado, no desea
seguir protegiendo la integridad
física de los jueces que arriesgan sus vidas en aras
de impartir justicia.
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