CASO ODEBRECHT: Asesores de Keiko Fujimori son condenados a tres años de prisión

Lima, Perú.- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Hertz de Vega, los dos principales asesores de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras se les investiga en un caso de presunto lavado de activos.

Tras una audiencia que se desarrolló durante todo este jueves y concluyó hacia las 20.00 horas (01.00 GMT del viernes) Concepción Carhuancho determinó “declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva” contra Figari y Hertz hasta noviembre de 2021.

El juez señaló que la investigación fiscal ha encontrado suficientes elementos para considerar que hay sospecha de que los dos procesados cometieron el delito de lavado de activos y existe el riesgo de que puedan afectar la labor del Ministerio Público.

“Los comportamientos que el Ministerio Público ha imputado a los investigados Pier Figari y Ana Herz de Vega sí tendrían contenido penal conforme a la imputación formal de cargos”, remarcó.

Concepción Carhuancho mencionó el testimonio de un testigo protegido, quien dijo que las decisiones más importantes en la cúpula del partido Fuerza Popular eran tomadas por Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Tras conocerse la decisión, la asistente del despacho del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez manifestó su conformidad, mientras que la defensa de los investigados anunció que presentará recursos de nulidad.

Figari y Hertz fueron conducidos de inmediato por agentes de la Policía Nacional a las celdas del Poder Judicial, a la espera de que este viernes se le traslade a las prisiones que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Odebrecht defiende su reinvención y aplaude plan anticorrupción de Bolsonaro

Argentina.- Odebrecht defendió hoy en Buenos Aires la política que lleva adelante para evitar comportamientos antiéticos entre sus empleados, como parte de su proceso de transformación tras afrontar el escándalo del Lava Jato, y se mostró “esperanzada” con las políticas anticorrupción de Jair Bolsonaro.

“No es posible construir el futuro si el pasado no es reconciliado”, reconoció en un encuentro con loe medios, Olga Pontes, responsable de la Política de Conformidad de la constructora brasileña.

Tras verse salpicada en el escándalo de corrupción brasileño del Lava Jato en 2014 -que afectó a importantes figuras de la política y a grandes empresas brasileñas y extranjeras- Odebrecht, con negocio en multitud de países, firmó en 2016 acuerdos de colaboración con el Ministerio Publico de Brasil y el Departamento de Justicia de EE.UU.

Luego de reconocer haber pagado sobornos a funcionarios públicos e intermediarios en 12 países para acceder a licitaciones, la compañía inició una renovación de su Consejo de Administración -en el que incluyó miembros independientes ajenos a la familia Odebrecht- y estableció una “política de conformidad” que marca medidas disciplinarias para aplicar en casos de prácticas corruptas.

“Entender lo que la sociedad espera de Odebrecht es muy importante para nosotros. Todo lo que estamos haciendo es de forma muy asesorada”, remarcó Pontes sobre el compromiso de desarrollar una “actuación ética, íntegra y transparente” después de la crisis de reputación que el Lava Jato desencadenó en la empresa.

Hasta 2019, la constructora se está sometiendo a un monitoreo de la Justicia de Estados Unidos, que es exhaustivo pero “fortalecerá” la compañía y que según la responsable de la política de conformidad se está encarando no “como una penalidad”, sino como algo beneficioso.

“Vamos a abrazar las recomendaciones”, añadió.

Consultada por cómo toma la empresa la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia brasileña, en enero próximo, Pontes fue tajante.

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